Amado Ríos Valdez                                                           

En esta ocasión en esta su Columna Ecología Humana, les comparto los “Planteamientos estratégicos para la política ambiental y el desarrollo sustentable 2019-2025”, presentados por el Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente A.C.

FORTALECER LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SU APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE

A partir de las experiencias acumuladas en las últimas décadas y del contexto global en materia de desarrollo sustentable, queda claro que existen limitantes estructurales en las instituciones y en las políticas públicas del país para atender uno de los cambios globales prioritarios: la pérdida de la biodiversidad. Frenar el deterioro, revertirlo en la medida de las posibilidades y diversificar la producción a partir del uso sustentable de los recursos naturales nacionales para el desarrollo y el bienestar social y la generación de nuevos empleos e ingresos, requiere cambios profundos en las políticas sociales, ambientales, culturales y económicas, en los que vale la pena invertir tiempo y recursos en su construcción. Lo primero a superar es el falso dilema de que el desarrollo y la conservación de la biodiversidad están en contradicción y, sin duda alguna, cuando hay voluntad política, este dilema desaparece.

IMPULSAR UN MANEJO INTEGRADO DEL PAISAJE RURAL

Cada vez es más clara e intensa la interdependencia entre las ciudades y el campo, así como la importancia de la categoría de periurbano y la producción agropecuaria urbana. La gestión de estos territorios requiere rebasar el enfoque sectorial parcelado, tanto en las definiciones de política pública como en la cultura de los agentes del desarrollo rural en todos los niveles. Varios Objetivos de Desarrollo Sostenible implican el desarrollo sustentable del campo y de los territorios rurales de manera más directa para poner fin al hambre, y fomentar una vida sana, la producción sustentable y el uso sustentable de los ecosistemas terrestres. En las siguientes propuestas se abordan los aspectos de seguridad alimentaria y manejo sustentable de tierras y forestal.

PROTEGER Y ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DEL AGUA, COMO DERECHO HUMANO

Las políticas públicas actuales no incorporan al agua como un elemento transversal de la vida, del desarrollo y del bienestar; es decir, no consideran el agua en todas sus dimensiones: como un recurso ambiental, económico y social, ni tampoco como un derecho humano. En las políticas macroeconómicas se tiende más a proteger las inversiones hidráulicas que la conservación del recurso hídrico y su uso equitativo. México, como signatario de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, está obligado a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo número seis (ODS 6) establece el compromiso de «garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos». Otros objetivos incorporan el agua de manera transversal. Alcanzar estas metas va a implicar esfuerzos mayúsculos en el país, empezando por integrar la política hídrica dentro de la misma agenda ambiental de todos los órdenes de gobierno. Como lo ha establecido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, la tutela del derecho humano al agua requiere garantizar la sustentabilidad y la conservación de los recursos hídricos del país en calidad y cantidad. El acceso al agua puede lograrse diversificando estrategias.

FOMENTAR LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LOS MUNICIPIOS, INCLUIDA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

Los residuos están constituidos de materiales susceptibles de aprovechamiento o valorización y, en el último de los casos, de tratamiento y disposición final. La meta “cero residuos” sustituye a la forma tradicional de regular los residuos sólidos, que hizo necesario, en un primer tiempo, el establecimiento de los servicios urbanos municipales de limpia encargados de su manejo y envío a disposición final. Los fines que persigue la legislación son totalmente compatibles con la economía circular, en la que los recursos se conviertan en productos, los productos en residuos y los residuos en recursos, con lo cual se cierra su ciclo de vida. Con ello se puede maximizar la utilización de los bienes de consumo y la reintegración a la naturaleza de los que se descarten como residuos o su reincorporación a los procesos productivos. Esto abre la oportunidad de establecer a nivel doméstico, de pequeñas empresas y a nivel comunitario, esquemas que mejoren la economía familiar y empresarial, incrementen las fuentes incluyentes de empleo e ingresos asociadas al reciclaje de residuos y minimicen los problemas de contaminación ambiental asociados a su mal manejo y disposición final, comprendidos los asociados al cambio climático.

ASUMIR EN TODA SU MAGNITUD LA ADAPTACIÓN Y LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

El Acuerdo de París es uno de los mayores logros de la comunidad internacional en la dirección correcta para que todos los países contribuyan a mitigar los efectos adversos del cambio climático antropogénico. Sin embargo, el esfuerzo es insuficiente, pues el planeta va en una trayectoria de +3.5 a +4 grados C de incremento promedio de la temperatura global. Una adecuada estrategia de adaptación al cambio climático debe desarrollar capacidades de adaptación en servicios ecosistémicos, seguridad hídrica, alimentaria, energética, urbana y de las infraestructuras sectoriales claves para la continuidad del desarrollo humano. El combate al cambio climático continuará siendo insuficiente mientras no se logre una verdadera integración transversal de las políticas públicas. Es indispensable que quienes tomen decisiones en el próximo gobierno asuman que el cambio climático es un problema no sólo ambiental sino esencialmente de desarrollo, y que para cumplir nuestras metas es indispensable que el Plan Nacional de Desarrollo integre políticas realmente transversales, que los programas sectoriales incorporen metas de reducción de emisiones y que los responsables de las diferentes secretarías rindan cuentas por el cumplimiento de sus respectivas metas de descarbonización.

ACELERAR LA DESCARBONIZACIÓN Y LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

México confronta una profunda crisis de sustentabiliad, igualdad y seguridad en materia energética. Desde hace décadas se despliegan esfuerzos para mitigar los impactos que ocasionan las actividades de transformación y uso de la energía en el ambiente y el equilibrio ecológico, pero los resultados son insuficientes ante el desafío de revertir el significativo peso específico de los combustibles fósiles en la conformación de la oferta y demanda de energía. Mitigar las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero reclama reforzar aún más las acciones de reemplazo por las fuentes renovables para suplir el deterioro secu- lar que observa la oferta interna de hidrocarburos. En el horizonte de largo plazo, se torna cada vez más urgente modificar los patrones de consumo y de producción de la economía arraigados al desperdicio y la ineficiencia en el uso de la energía. A pesar de su crecimiento, las fuentes renovables de energía mantienen una participación que sigue siendo marginal y accesoria. Están creadas las condiciones para tomar una acción decidida de Estado en materia de regulación, promoción y financiamiento y entrar de lleno a las fuentes renovables, con la participación concurrente de la iniciativa y las inversiones privadas.

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